¿El diálogo es la solución a la crisis socio-política que vivimos?
Por: Marco Trejo
Guatemala se encuentra desde hace más de dos semanas en una conflictividad social que amenaza la institucionalidad del país, por lo que se hizo necesaria la intervención del ente internacional para tratar de montar mesas de dialogo que permitan por la vía pacífica solucionar los problemas que han provocado el descontento a nivel nacional.
La Organización de Estados Americanos (OEA), designó una misión para que siente a las partes involucradas en esta conflictividad para que por medio de la formación de mesas de dialogo se trate de llegar a consensos y que se privilegie la institucionalidad del país.
“Una buena negociación que cuente con compromisos definidos y honorables, es el mecanismo básico de toda democracia. Es un recurso que conlleva acuerdos claros por parte de las organizaciones de la sociedad civil, empresarial y gubernamental en la toma de decisiones, mediante mecanismos de diálogo social y consenso”, según se estipula en el portal de la OEA.
Hasta el momento no se vislumbra un arreglo racional de la situación en la que nos encontramos y no hay una salida pacífica para resolver las exigencias de la agrupación ancestral denominada 48 cantones, originarios de Totonicapán, quienes aseguran: “la única intención es velar por el respeto de la democracia”.
Los manifestantes desde hace más de dos meses habían salido a protestar para pedir la dimisión de la fiscal General, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), Rafael Curruchiche y el juez séptimo de Paz Penal, Fredy Orellana, acusados de utilizar para intereses oscuros los cargos que ocupan.
Dichas protestas han dejado una persona muerta, siete heridos y más de una docena de capturados, tras los incidentes se han producido daños materiales de consideración a un inmueble municipal y negocios aledaños en el denominado Centro Histórico.
Los dirigentes de los 48 cantones, han manifestado que están cansados de tanta corrupción y piden que se llegue a una solución, por lo que aceptaron dialogar con representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y autoridades del Ministerio de Gobernación.
En esta reunión se dio muestras de voluntad política y las partes acordaron dejar libre el acceso y salida de las instalaciones del Estado donde se mantienen las manifestaciones. Hasta el momento, según datos de Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), unas 22 rutas se encuentran bloqueadas en todo el país.
Los bloqueos de carreteras, que han afectado las importaciones y exportaciones, situación que habría generado pérdidas por más de $60 millones (unos Q480 millones), mientras que mediante un comunicado la Cámara de Comercio ha asegurado “los bloqueos” en carretera son insostenibles” y que efectivamente la causa es la corrupción, de la misma manera impedir la libre locomoción es un delito.
El liderazgo del presidente Alejandro Giammattei se ha visto disminuir y no ha tomado decisiones, incluso su Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos tuvo que dimitir al cargo y en sustitución asumió el militar en retiro, Byron René Bor Illescas.
La prueba de fuego para Bor Illescas se produjo horas después de asumir el cargo y afortunadamente para él una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), le dio la salida pacífica al bloqueo que se producía en la sede central del Ministerio Público (MP), zona 2. Tanto los descontentos como las autoridades llegaron a un acuerdo pacífico.
En las últimas horas se ha anunciado una reunión entre los representantes de los 48 cantones y la Fiscal General, pero hasta el momento no hay un avance de la misma, los lideres indígenas ya dejaron libre el paso de ingreso y salida de los edificios que albergan al ente investigador, algo que había solicitado la funcionaria para sentarse a negociar con los inconformes.
Por su parte, los representantes indígenas han manifestado que no depondrán sus protestas, sino renuncia la fiscal General, Consuelo Porras, el fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, el juez séptimo de primera instancia, Fredy Orellana y la otra fiscal Cinthia Monterroso.
La misión de la OEA la integran el exministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata y el representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz, a quienes se les ha encargado mediar entre las partes que se encuentran en pugna a raíz del resultado de las elecciones generales 2023-2028.
¿A dónde nos llevará este diálogo? ¿Qué tanto ha afectado a corto y mediano plazo la economía de los guatemaltecos? Confiemos que en este diálogo llegue a premiar la sensatez, humildad, sencillez y los egos se dejen en el olvido en beneficio de un país.
