No solo las usurpaciones continúan cada día sino los invasores son más violentos
Usurpadores acompañados por miembros del Comité Campesino del Altiplano CCDA, asesinaron a administrador de una finca en Sayamch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz
Las usurpaciones a la propiedad privada continúan firmemente en Guatemala y cada vez los invasores se tornan más violentos, como sucedió recientemente cuando un grupo de comunitarios movilizados con engaños por los líderes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en la región de Sayamch, Santa María Cahabón, Alta Verapaz, enfrentaron y asesinaron con un machete al administrador de la finca Sexoy, Pablo Secul e hirieron a cuatro más en su intento por tomar a las fuerzas tierras.
Los habitantes y amigos del Sr. Pablo Secul de avanzada edad, al pie del cuerpo sin vida dijeron: “Mataron a don Pablo, él no hizo nada, este era su terreno, ahora qué piensa el Gobierno, los robatierras lo mataron, le dieron en su cabeza”.
ACDEPRO ve con preocupación cómo estas organizaciones campesinas, a través de sus medios de comunicación y redes sociales, tergiversan la información y engañan sobre la verdadera situación de lo que estos grupos criminales hacen en el interior de la República.
Envían mensajes distorsionados de la realidad tanto a los pobladores locales como a la comunidad internacional para obtener fondos en su lucha por lograr la inestabilidad social del país, así como para financiar su campaña preelectoral que se avecina.
Estos grupos dicen ser las víctimas de “desalojos extrajudiciales” y que son violentados por las fuerzas de seguridad; no obstante, cuando hay una orden de desalojo es porque los propietarios demostraron en largos procesos judiciales que son los legítimos dueños.
Existen más de 100 órdenes de desalojo que no pueden cumplirse porque los usurpadores, que están cometiendo varios delitos en flagrancia como el de la usurpación y usurpación agravada, se resisten a devolver a sus dueños las propiedades y utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos para evitar que las fuerzas de seguridad, mediante orden de desalojo, ingresen a recuperar las tierras para devolverlas a sus legítimos dueños. Colocan barricadas y reciben a balazos a las propias autoridades, hace una semana hirieron a un policía nacional civil. Ambientan escenas que envían fuera del país para victimizarse.
ACDEPRO hace un llamado para verificar la realidad en el interior de la Nación y corroborar cuál es la situación real, que por años ha sigo distorsionada, y ahora los dueños de pequeñas, medianas y grandes parcelas están amenazados de muerte.
Falsa narrativa
La Constitución de Guatemala, en el artículo 39, garantiza y protege la propiedad privada “Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley”.
Mientras que el Código Penal de Guatemala en los artículos 256 y 257, estipula que las personas que ingresen de manera ilegal a un bien inmueble deben de pagar con cárcel con penas de 2 a 6 años, permanecen impunes ante un delito FLAGRANTE, ante el cual la Policía Nacional Civil podría actuar sin necesidad de una orden de desalojo, aun así los dueños se rigen a los procesos legales para obtenerlas.
El delito de usurpación y usurpación agravada se da cuando “quienes con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien, ilícitamente, con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble”.
Ante ello el Código Penal refiere “que la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el Juez, están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo”.
El Código Penal, también menciona que merecen cárcel quienes:
- Que el hecho se lleve a cabo por más de cinco personas.
- Cuando el o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de tres días.
Cuando a los poseedores o propietarios del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieren que abandonarlo por cualquier tipo de intimidación que éstos ejercieran en su contra. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación.
Cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al Inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso o recursos naturales.
La realidad de las usurpaciones es muy diferente a lo que grupos de personas abanderadas por una falsa narrativa de “derecho ancestral” desean hacer creer al país y a la comunidad internacional, debido a que:
- Los grupos “campesinos” ingresan por medio de la fuerza bruta destruyendo vehículos, casas y recuerdos de los propietarios, maquinaria, matando animales de granja, destruyendo bosques protegidos y quemando la producción agrícola.
- Propietarios, sus familias y trabajadores sufren por parte de las usurpadoras amenazas de muerte, intimidación, extorsión, amenazas de secuestro, secuestro y algunas veces muerte, todos constitutivos de delitos penales.
- Los líderes campesinos apoyados por la falsa narrativa de “persecución del Estado” se victimizan si los propietarios legítimos de las casas, terrenos, lotes y fincas usurpadas, denuncian ante las autoridades el robo de sus propiedades con el deseo de recuperar sus inversiones y bienes.
Como se ha detallado por medio de los socios y casos presentados por ACDEPRO, líderes indígenas motivan las usurpaciones con el fin de generar beneficios económicos privados, ya que estafan a los campesinos en estado de pobreza extrema de que esas tierras privadas son de ellos por un Derecho Ancestral inexistente a nivel legal, además existen pruebas y testimonios de que los “líderes” que incitan a las poblaciones, cobran derecho de vivienda a las personas manipuladas, según testimonios son cerca de Q1,500.00 (quetzales) agenciándose los líderes de millones de quetzales por estos cobras y ventas de tierras.
Este dinero, según los testimonios recolectados, son utilizados para campañas políticas con el fin de apoyar a diputados y alcaldes, además de financiar sus organizaciones no gubernamentales y pagar abogados y jueces del área afines a sus intereses criminales.
Asimismo se quedan con parte del dinero para sus gastos personales.
Todos estos grupos poseen armas de fuego de alto calibre ilegales, otro delito más.
Estas asociaciones no defienden los intereses mayas ni campesinos, sino que su interés es criminal, y de beneficio económico para los líderes, y ahora, para provocar inestabilidad para iniciar una campaña electoral.
Conclusión:
Es necesario que el Estado de Guatemala, en especial la Presidencia de Guatemala, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, y el Sistema Judicial actúen en defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos, uno de ellos el derecho a la protección de la propiedad privada.
Debido a que de no ser así, estos grupos radicales que se esconden bajo de organizaciones no gubernamentales pacíficas, nos llevarán a un enfrentamiento como ya amenazaron recientemente, ya que han demostrado poco o nulo interés en el respeto al Estado de Derecho, los tratados de la Firma de la Paz y la Constitución de Guatemala.
Por último, ACDEPRO quiere dejar en claro, que este tema no es de clases sociales, clases económicas, y de temas raciales, el tema de las usurpaciones es a todas luces es crimen organizado para robar a los guatemaltecos y desestabilizar el país.
