Muriel Ramírez, la mujer que combate el creciente comercio ilícito en Guatemala
¿Quién es Muriel Ramírez?
Guatemalteca, madre, esposa. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y, desde hace más de 7 años, he enfocado mi carrera en una causa que me mueve: mercados confiables, empleo digno y competencia leal. Hoy coordino y soy vocera de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) de la Cámara de Industria de Guatemala.
¿Qué la llevó a dedicarse al combate del comercio ilícito?
Mi motivación es clara: el comercio ilícito erosiona la seguridad y la economía, financia la violencia y pone en riesgo la salud pública. Debemos tener claridad de que este es un problema regional; las redes de comercio ilícito trascienden nuestras fronteras y nos afectan de muchas formas. No hay que dejarse engañar bajo la excusa de que son productos más baratos y la economía no permite comprar los “legales”. Un producto barato de contrabando ingerido puede llevar hasta la muerte a una persona… ¿vale la pena?
¿Qué tan grave es el problema del comercio ilícito en Guatemala?
Es un fenómeno complejo que se ha sofisticado con el tiempo: ya no es introducir mercancías por medio de pasos ciegos en las fronteras, sino también fraude tributario, uso de correos y ventas en redes sociales. El comercio ilícito afecta productos avícolas, lácteos y bebidas alcohólicas, textiles, calzado, electrónicos, medicamentos y alimentos, generando impactos en la salud pública, millonarias pérdidas fiscales y competencia desleal. Un termómetro elocuente es el de los cigarrillos: uno de cada cuatro cigarrillos en Guatemala es ilegal, pero si se suma el fraude tributario, la incidencia es de casi el 50%.
¿Quiénes están detrás de estas redes de comercio ilícito?
Ya no hablamos de aquel contrabando casi artesanal de simples balsas que cruzan ríos con mercadería y la venden al otro lado. Ahora hablamos de redes criminales transnacionales que muchas veces mezclan lo legal con lo ilegal para dar apariencia de formalidad, y que operan muy parecido al narcotráfico. En ocasiones, incluso las mismas redes que mueven droga utilizan el contrabando para tener flujo de efectivo, pues ya tienen rutas para ellos “seguras” y son productos que se venden fácilmente.
Estas redes operan con roles definidos, como si habláramos de una “empresa” de cuatro pisos. Arriba están los fabricantes en el extranjero, talleres clandestinos e intermediarios que consiguen mercancía ilegal o de origen dudoso. En el medio, empresas fachadas y operadores logísticos que manipulan papeles, reetiquetan productos y usan bodegas o zonas francas para “blanquear” inventarios. Y abajo están mayoristas informales, mercados y ventas digitales que colocan el producto al público, muchas veces con envíos pequeños por correo para evadir controles.
Debajo de esto, sosteniéndolo todo, hay una capa financiera y de protección, que lava el dinero con facturas falsas y triangulación, a veces usando criptomonedas, y se apoya en grupos locales y en actos de corrupción para abrir puertas y que el negocio siga creciendo. Juntas, estas cuatro piezas o “pisos” hacen del contrabando un negocio rentable que perjudica a consumidores, a empresas formales y al Estado.
¿Cómo se articula la colaboración público-privada en esta lucha?
La colaboración público-privada se articula con un objetivo común y reglas simples: sentarnos en la misma mesa, trabajar en conjunto y aportar a las soluciones, cada uno en su esfera de acción y responsabilidad, y actuar con un solo plan. Desde CODECOF analizamos datos de rutas, productos o prácticas, establecemos prioridades claras y acordamos protocolos fáciles de aplicar para denunciar y controlar, con un canal directo de seguimiento.
A la vez, capacitamos a las instituciones, impulsamos ajustes de normas para cerrar vacíos legales y promovemos una cultura de legalidad para que la gente pueda comprar y vender bien, con controles más inteligentes, competencia leal, más seguridad y recursos para los servicios públicos.
¿Qué mensaje le daría a los guatemaltecos sobre esta problemática?
Mi mensaje es simple: El comercio ilícito nos afecta a todos, y solo unidos podemos frenarlo. Elegir productos legales es cuidar a tu familia y a Guatemala. Significa salud y calidad verificadas, empleos formales y MIPYMEs que crecen, impuestos que financian hospitales y escuelas, y menos oxígeno para las redes criminales que se alimentan del contrabando y la falsificación.
Estos son tres gestos que hacen la diferencia:
- Comprar en comercios formales y pedir factura. Esto te garantiza que no le compras a una red criminal.
- Verificar sellos y registros (sanitarios, timbres, QR) y desconfiar de “ofertas imposibles”. Es por tu bienestar y el de tu familia.
- Denunciar por canales oficiales cuando detectes productos irregulares.
Si queremos que el país cambie, debemos iniciar nosotros mismos. Un producto ilícito es barato, pero lo barato tarde o temprano sale caro, para la seguridad, la salud y el empleo que tantos guatemaltecos necesitan.