Más allá de los cargos
Autor: Luis Carlos Chávez Morales – X: @mluiscarlosgt – TikTok: @mluiscarlosgt – Instagram: @mluiscarlosgt – Facebook: @mluiscarlosgt – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
La Constitución Política de la República establece que los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Sin embargo, cuando el cargo se desnaturaliza para fines particulares, se rompe el principio fundamental del servicio público.
En Guatemala, la función pública debería estar clara: servirle a la gente. No es un favor, no es un privilegio, y mucho menos un negocio. Es una responsabilidad. Sin embargo, lo que muchos guatemaltecos ven todos los días es otra realidad: hay quienes llegan a los cargos públicos — por elección popular (diputados, alcaldes, presidente) o por nombramiento (ministros, directores, funcionarios) — y terminan utilizándolos para sus propios intereses.
Y eso ya tiene cansada a la población.
No se trata solo de percepción aislada. Es un sentimiento que se repite en la calle, en las redes, en las conversaciones diarias: el Estado no siempre está trabajando para la gente, sino para unos pocos. Y cuando eso pasa, la confianza se pierde.
En los últimos años, varias instituciones han estado en el ojo del huracán. El Ministerio Público, por ejemplo, no ha sido ajeno a cuestionamientos a lo largo de distintos periodos, en los que diversos sectores han señalado decisiones que consideran selectivas. La preocupación no es solo jurídica, es lógica: si la ley no se aplica igual para todos, entonces deja de ser justa.
Cuando la gente empieza a sentir que la justicia depende de a quién se investiga y a quién no, ahí ya se rompió algo importante.
Por otro lado, la creación de la Superintendencia de Competencia generó un debate público, particularmente por la asignación de salarios elevados a sus autoridades incluso antes de su entrada plena en funciones, lo cual fue interpretado por muchos como una desconexión entre el diseño institucional y la realidad económica del país.
En un país donde muchos no logran cubrir sus necesidades básicas, este tipo de decisiones se sienten como una burla. Y eso hace ruido. Mucho ruido.
También está el tema de Puerto Quetzal, donde han surgido dudas sobre cómo se están manejando las compras. Cuando las adjudicaciones parecen repetirse hacia los mismos, la gente empieza a preguntarse si realmente hay competencia o si ya todo está arreglado. Puede que en papel todo se vea legal, pero la confianza no se gana solo con cumplir requisitos, sino con hacer las cosas de forma transparente y justa.
Lo mismo pasa con la Universidad de San Carlos. Aunque es una institución autónoma, eso no significa que no deba rendir cuentas. Algunos sectores han criticado decisiones administrativas y el uso de recursos, señalando que podrían estar beneficiando a grupos específicos. Y cuando eso ocurre, se pierde de vista el verdadero objetivo de la institución.
Todo esto evidencia que en como distintas instituciones del Estado, desde órganos encargados de la persecución penal hasta entidades de nueva creación, han sido señaladas por actuaciones que generan duda sobre su verdadera función. La percepción de un sistema de justicia actuando con criterios selectivos, o la polémica en torno a la creación de dependencias innecesarias y la asignación de beneficios económicos antes de su consolidación operativa, no son hechos aislados, sino reflejo de una problemática más profunda: la instrumentalización de lo público para fines particulares.
Más allá de cada caso, el problema es más grande. Lo que se está formando es un patrón: el uso de lo público para fines privados.
Eso se ve en muchas formas:
- Nepotismo en su máximo esplendor
- Decisiones que benefician a ciertos grupos
- Manejo dudoso de recursos
- Falta de transparencia
Y todo eso tiene consecuencias.
La gente ya no cree igual en las instituciones. Hay molestia, hay frustración, hay desconfianza. Muchos sienten que el sistema no está hecho para servirles, sino para sostener a quienes ya tienen poder.
Y entonces pasa lo peor: la gente se desconecta.
Deja de interesarle la política, deja de participar, deja de creer que las cosas pueden cambiar. Y un país donde la gente deja de creer, es un país que se estanca.
No se necesitan más discursos, se necesitan hechos. Funcionarios que comprendan que el cargo público no es para servirse —como tristemente lo hacen muchos—, sino para servir —como la ley y el pueblo lo exigen—. Instituciones que actúen con transparencia y que den la cara.
Pero también necesita ciudadanos que no normalicen estas prácticas, que cuestionen, que exijan y que no se queden callados.
Porque cuando lo público se usa para lo privado, todos salimos perdiendo. Y eso ya no debería parecernos normal.