Desnutrición y Desigualdad Estructural en el Corredor Seco: La infancia que el Estado no alcanza
Autor: Dania Vanessa Verbena Flores – Instagram: @dania_vvf – Facebook: @DaniaVerbena – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Hablar de desnutrición en Guatemala es hablar de desigualdad estructural. No es una crisis aislada ni un problema reciente, sino más bien el resultado de décadas de abandono estatal, de una exclusión histórica y de políticas públicas que no logran llegar a quienes más lo necesitan.
En el Corredor Seco, específicamente en el territorio Ch’orti’ del departamento de Chiquimula, esta realidad se vuelve más evidente. Municipios como Jocotán, Camotán y Olopa concentran algunos de los indicadores más alarmantes del país. En 2024, Chiquimula registró una prevalencia de desnutrición crónica del 40.5% en escolares de primer grado, mientras que en la población indígena Ch’orti’ esta cifra asciende a 50.9%. En comunidades como Jocotán, el retardo en talla alcanza niveles de hasta 60.7%.
Detrás de cada porcentaje hay una realidad cotidiana, ya que niños y niñas crecen en condiciones de inseguridad alimentaria, las madres enfrentan embarazos en condiciones no adecuadas y las familias dependen de una agricultura de subsistencia cada vez más frágil. Aquí, la desnutrición evidencia las condiciones estructurales en las que crecen miles de niños y niñas.
De la misma forma, el problema se agrava por factores climáticos. Las sequías recurrentes, intensificadas por fenómenos como El Niño, afectan la producción de granos básicos y limitan el acceso al agua segura. Esto da paso al llamado “hambre estacional”, un periodo crítico entre abril y agosto en el que las reservas de alimentos se agotan y las familias quedan aún más expuestas. A esto se suma la precariedad laboral, en la que se incluyen ingresos inestables, empleos informales y los precios de alimentos que muchas veces resultan inaccesibles luego de que la canasta básica continúa aumentando cada año.
Sin embargo, la crisis no puede explicarse únicamente por el clima o la pobreza; también es una crisis de gobernabilidad. En Guatemala existen múltiples programas destinados a combatir la desnutrición, por ejemplo, el Bono Nutrición y otras iniciativas intersectoriales como “Mano a Mano”. No obstante, la falta de transparencia, coordinación y rendición de cuentas limita su impacto real.
Los datos oficiales muchas veces son escasos, contradictorios o difíciles de acceder. Algunas instituciones del Estado reportan avances en la recuperación de casos, pero organizaciones independientes documentan cifras que evidencian una crisis persistente, con miles de casos de desnutrición aguda cada año. Esta falta de claridad impide evaluar resultados y también limita la capacidad de las comunidades para exigir respuestas.
La desnutrición infantil es, en esencia, una expresión de desigualdad estructural. Como lo plantea el marco conceptual de UNICEF, sus causas no son solo inmediatas, como la falta de alimentos, sino también subyacentes y básicas: acceso desigual a recursos, exclusión social, debilidad institucional y sistemas políticos que no priorizan a las poblaciones más vulnerables.
En el caso del pueblo Ch’orti’, esta desigualdad tiene además un componente histórico y territorial. Las comunidades han sido relegadas a tierras de ladera con baja productividad, lo que limita sus posibilidades de desarrollo y las expone aún más a la inseguridad alimentaria.
Hablar de desnutrición en Guatemala no debería ser solo una discusión técnica. Es una cuestión de derechos. El derecho a la alimentación, a la salud y al desarrollo integral de la niñez no puede depender del lugar donde se nace.
El país enfrenta una pregunta urgente: ¿por qué, en medio de programas, presupuestos y discursos, la niñez sigue creciendo con hambre?
Responderla implica algo más que nuevas políticas. Implica garantizar transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y, sobre todo, escuchar a las comunidades que viven esta realidad todos los días.
Porque la desnutrición no es inevitable. Es el reflejo de decisiones y de omisiones, que como sociedad ya no podemos seguir normalizando.