Autor: Ingrid Julissa De La Paz – X: @JulyDeLaPaz1 – TikTok: @julydelapaz – Instagram: @_julydelapaz – Email: ingriddelapaz.98@gmail.com Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Ser mujer en Guatemala ya implica un desafío; ser una mujer con discapacidad es una lucha por el derecho a existir con dignidad. En cada comunidad, en cada calle sin rampas, en cada escuela, en cada centro de salud y en cada lugar sin accesos adecuados, se refleja que hemos avanzado en leyes, pero no en conciencia.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 51% de las personas con discapacidad en Guatemala son mujeres y la mayoría vive en zonas rurales; la brecha educativa es enorme, pocas concluyen el ciclo básico y aún menos acceden a estudios superiores, lo que profundiza su exclusión social.
El empleo formal apenas alcanza a un puñado; los estigmas y la falta de oportunidades dejan a las mujeres fuera del sistema productivo en un país donde la tasa de participación laboral femenina ronda el 38%. En este contexto, las mujeres con discapacidad se encuentran en el margen más vulnerable de la economía.
He tenido la oportunidad de ver de cerca esta realidad, no desde la compasión, sino desde la convicción de que la inclusión no es un favor, es un derecho. Los datos estadísticos son fríos, pero detrás de cada número hay un rostro de mujer; una madre que no puede llevar a su hija al centro de salud porque no hay transporte accesible; una joven con discapacidad auditiva que abandona la escuela porque nadie aprendió lengua de señas para enseñarle; una profesional que, pese a su talento, es descartada por prejuicios en una entrevista laboral.
La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto 135-96) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Guatemala, establecen con claridad la obligación del Estado de garantizar igualdad de oportunidades. Sin embargo, la práctica demuestra que la inclusión sigue siendo una promesa pendiente; el presupuesto asignado a políticas de discapacidad es mínimo y casi nunca con enfoque de género. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo económico si seguimos dejando fuera a miles de mujeres capaces de aportar, innovar y liderar?
Desde mi perspectiva como mujer guatemalteca, madre y profesional, creo que el cambio comienza en el corazón y se concreta en la gestión pública. La inclusión requiere más que leyes y convenios firmados: necesita sensibilidad, empatía y voluntad política. Además, se necesita educación para la autonomía, programas que fortalezcan la independencia económica de las mujeres con discapacidad y un sector privado comprometido con la contratación inclusiva.
Hablar de autonomía es hablar de decidir por sí mismas, de no depender de la caridad sino del reconocimiento de su valor como ciudadanas. Cada vez que una mujer con discapacidad accede a un empleo digno, estudia, o lidera un comité comunitario, toda Guatemala gana: gana en justicia, gana en productividad, gana en humanidad.
No se trata de verlas como “pobrecitas”, sino de reconocerlas como mujeres plenas, diversas y valientes, que enfrentan un sistema diseñado sin pensar en ellas.
La maternidad nos enseña a cuidar, pero también a exigir; cuidar de nuestra sociedad implica exigir que las mujeres con discapacidad tengan las mismas oportunidades de crecer, amar, trabajar y decidir. Cuando Guatemala abra esos espacios, estará cumpliendo con la ley y sanando una deuda moral con miles de mujeres que merecen ser vistas, escuchadas y respetadas, porque hoy pareciera que siguen siendo, las mujeres que el sistema no quiere ver.
Sobre el Autor: Magister en Gestión, Fiscalización y Control Gubernamental. Estudiante de Licenciatura en Ciencia Política con especialidad en Análisis Político. Secretaria del Cocode Central Fraijanes.