La eficiencia del grooming
Por: Lourdes Reyes – Instagram: @Lourdes_.11 – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Cada segundo martes de febrero, el mundo celebra el Día Internacional de Internet Segura, una fecha que en Guatemala suele llenarse de comunicados oficiales y actividades educativas. La Secretaría Contra La Violencia Sexual, Explotación y Trata De Personas – (SVET) y otras instituciones fomentan campañas de sensibilización, «ciberherramientas» y charlas en centros educativos, buscando promover hábitos digitales responsables y confiables para los usuarios. Sin embargo, mientras todos posan para la foto del boletín oficial y regalan folletos y diplomas en escuelas, en algún rincón de Guatemala hay una niña recibiendo el mensaje de un extraño que se hace pasar por su amigo y jura tener la misma edad y los mismos gustos. La realidad es que mientras los agresores crean en segundos un perfil falso, la justicia tarda años en dar una respuesta.
¿Qué es realmente el grooming?
Para poder entender lo grave del problema, hay que dejar a un lado lo técnico. El grooming no es un mensaje enviado por error; es una forma de manipulación psicológica que tiene el fin de abusar sexualmente de un menor. Se trata del acoso de un adulto hacia una niña, niño o adolescente a través de internet, donde el agresor, tomando ventaja de la ingenuidad de su víctima, crea un vínculo de confianza para luego llevarlo al chantaje o un encuentro en persona.
En Guatemala, esto ha pasado siempre, pero antes le llamaban “malas amistades”. A pesar de que esta práctica es igual de antigua que la llegada de las redes sociales, su visibilidad en nuestra sociedad ha sido casi nula. Durante años, estas agresiones quedaron impunes en el vacío legal; según ChildFund, los reportes de sextorsión (chantaje a través de fotos íntimas) se duplicaron entre 2019 y 2022, sin embargo poco importaba profundizar en el problema cuando las estadísticas solo eran un número más sin una ley que las respaldara. La aprobación del decreto 11-2022 en ese mismo año, no se puede catalogar como un logro, es más bien una acción tardía.
El Decreto 11-2022: Un escudo de papel (por ahora)
Guatemala finalmente intentó actualizarse con el Decreto 11-2022, que reformó el Código Penal. Esta reforma se originó con el fin de que el Estado pasara de ser espectador a protector. Establece que contactar a un menor por redes sociales para pedirle fotos desnudo o para amenazarlo, es un delito que se paga con 6 a 12 años de cárcel.
Es una herramienta efectiva, al menos en el papel. La misma pretende proteger la salud e integridad tanto física como moral de los más de 6.5 millones de niños y adolescentes que el Instituto Nacional de Estadística estima que viven en nuestro país. Pero como pasa con muchas leyes, el papel lo aguanta todo, pero la realidad no.
La velocidad del riesgo y la lentitud de la justicia
Las cifras de Plan Internacional son claras: uno de cada tres estudiantes ha sufrido ciberacoso, y el 44% de las niñas han sido vulneradas por un ataque virtual, señalando que este tipo de acoso es peor que el callejero. Lo peor de todo esto es que el miedo perdura: de cada diez víctimas solo una se atreve a denunciar.
Mientras los adultos apenas aprenden a configurar una cuenta de correo electrónico o se familiarizan con términos como “Wi-Fi”, el agresor es peligrosamente eficiente. UNICEF advierte que solo le toma 12 minutos a un agresor convencer a una víctima de enviar una foto íntima, un riesgo constante considerando que según la consulta de ChildFund casi el 30% de jóvenes admite aceptar solicitudes de desconocidos en sus redes sociales.
En este escenario de impunidad, la condena del catedrático Francisco Javier Cordón Martínez en septiembre de 2023, se siente apenas como un logro necesario. Tras usar WhatsApp para acosar a su alumna, recibió 9 años de cárcel y fue inhabilitado de por vida bajo el artículo 190 bis del Código Penal (reformado apenas un año antes de la sentencia).
Fue el primer golpe legal, y un amargo mensaje de que, además de llegar tarde, lamentablemente en la justicia el castigo al agresor parece ser un privilegio; y esto en los casos en los que existe la suerte de que la denuncia no quede en el olvido.
Resulta lamentable que en un país donde el acceso a internet, el uso de redes sociales y la tecnología han aumentado, la justicia haya tardado tanto en obtener una sola sentencia. Hemos pasado años conectados, pero legalmente sin ningún consuelo.
Contar con menos de 10 sentencias condenatorias, según datos oficiales del Ministerio Público, luego de 4 años de la vigencia de la reforma, evidencia que el sistema judicial sigue operando con una lentitud preocupante frente a agresores que operan a la velocidad de un clic.
En el marco del Día Internacional de Internet Segura, la pregunta para el Estado no es cuántos folletos regalaron, cuántas escuelas visitaron o cuántos talleres impartieron, sino cuántos de esos 6.5 millones de menores están realmente protegidos. Mientras la justicia siga desconectada a la realidad, el internet en Guatemala seguirá siendo el cuarto de juegos para perfiles falsos que cobran victimas demasiado reales.