Autor: Alejandro Solórzano – X: @alejandro_slrzn – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Cuando se eligen autoridades en una democracia funcional, las puertas deberían abrirse más, no cerrarse. Sin embargo, durante las elecciones internas del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala –CANG-, ocurrió lo contrario; la actuación del Ministerio Público derivó en periodistas impedidos de documentar, restricciones de acceso y acciones que, lejos de garantizar legalidad, rodearon de opacidad un proceso que debía ser público.
El CANG es una pieza del sistema constitucional que participa en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y, por tanto, influye en el árbitro final de la legalidad del Estado.
La transparencia no debe depender de la buena fe de los actores, sino de la verificación pública. La prensa no está para aplaudir ni para sabotear; está para mirar. Y en política, aquello que no puede observarse no puede controlarse.
En muchos episodios latinoamericanos, la opacidad se justifica con un argumento familiar: “es una diligencia judicial con fundamento legal”. Pero un procedimiento puede cumplir formalidades procesales y aun así violar principios constitucionales. La publicidad de los actos no es un accesorio; es un requisito de validez democrática y un derecho.
En sistemas políticos frágiles el patrón se repite: primero se desacredita a la prensa, luego se limita el acceso y finalmente se normaliza la exclusión. El resultado no es solo menos información, sino menos responsabilidad. Por eso lo ocurrido en el CANG no es un incidente, es un precedente.
La Constitución guatemalteca, como toda constitución democrática, parte de un principio básico: los actos públicos deben ser públicos salvo excepciones justificadas. No es la prensa quien debe probar por qué debe entrar; es la autoridad quien debe probar por qué debe excluir.
Mientras algunos intentaban reducir la democracia a un trámite interno, hubo quienes permanecieron horas documentando, preguntando y resistiendo la incomodidad de incomodar. No estaban ahí por protagonismo ni por simpatía política. Estaban ahí por el principio más simple de una democracia: el poder debe ejercerse a la vista de todos.
La historia democrática no se sostiene en discursos solemnes, sino en la presencia de quienes documentan. Cada fotografía, cada transmisión y cada pregunta recordaron que la autoridad no existe sin testigos. Porque cuando el poder necesita impedir la mirada pública, confiesa su debilidad. Y cuando aun así pierde, la derrota no es solo política sino también moral e institucional.
No fallaron por falta de argumentos, sino por exceso de oscuridad. Apostaron a que sin testigos habría oportunidad, pero en democracia la legitimidad es dependiente de la transparencia.
Hoy el resultado es claro; no solo no lograron ocultar el proceso, sino que dejaron evidencia de por qué la vigilancia pública es indispensable. Más que un incidente, queda como certeza que la transparencia no depende de la voluntad del poder, sino de la persistencia de quien decide observarlo.
Mientras exista alguien dispuesto a quedarse frente a la puerta cerrada, la democracia seguirá teniendo una ventana abierta.
Dedicado a quienes cubrieron las elecciones de Magistrado Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios. El pueblo de Guatemala está eternamente agradecido.