Corrupción, burocracia, intereses y desarrollo.
Por: Sandra Galicia, Curiosa e inquisitiva, busca comprender la realidad local y global en la que vive para ayudar a transformarla. sandraegalicia@gmail.com
Guatemala se ha caracterizado por recibir atención a nivel internacional por ser un país que genera noticias insólitas sobre casos de corrupción, investigaciones judiciales y el impacto que estos tienen en sus ciudadanos.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparency International (2026), Guatemala se sitúa en el puesto 142 de 182 países estudiados. Dicho índice analiza manifestaciones de corrupción como: excesiva burocracia, soborno, malversación de fondos, lucro personal, nepotismo, entre otros. No obstante, las noticias que llegan a nivel internacional suelen ser noticias de gran impacto. Dejando de lado algunas otras dinámicas de corrupción que son ignoradas y no se priorizan, mucho menos se denuncian o buscan mejorar.
De los males mencionados anteriormente, enfoquémonos en la excesiva burocracia. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que sucede en el seno del Estado, incrustado en su concepción teórica y debilitando los procesos que permitirían tener instituciones operativas. Las leyes orgánicas de las instituciones públicas e incluso nuestra misma Constitución padecen de una excesiva segmentación de las oficinas de Estado y algunas veces de duplicación de funciones, sin una guía clara de cómo dividir el trabajo. Contamos con leyes orgánicas que designan dentro de sus artículos la creación de otras oficinas o instituciones que ni siquiera han sido creadas debido al impacto que podrían llegar a tener en las ya existentes.
Es necesario poner atención a cómo la excesiva burocracia puede ser la raíz y causa de las otras manifestaciones de corrupción. Pues, al no contar con una línea de jerarquía clara entre instituciones y funcionarios y la asignación de fondos que sea efectiva y suficiente permite que funcionarios sean sujetos u objetos de soborno. Al no existir controles efectivos sobre los procesos de contratación y no existir un proceso de seguimiento a los funcionarios, se da la oportunidad de lucrar y que se creen las famosas plazas fantasma o se contrate a personas que no están calificadas para llevar a cabo las responsabilidades del puesto. Aunque Existen fondos asignados a cada organización, la falta de un procedimiento fijo y racional de la asignación de estos a nivel interno, facilita dinamicas relacionadas a la corrupción como la malversación de fondos e incluso dejar a otros sin sueldo.
Max Weber en su tesis sobre la burocracia (1922), ofrecía una propuesta y respuesta al clientelismo, nepotismo y desorganización de las instituciones públicas apuntando a una gestión administrativa pública formal, organizada, eficiente y racional. Según Weber, un burócrata es un funcionario público disciplinado y eficiente, sujeto a la autoridad pública que cuenta con capacidades técnicas; cumple normas, procedimientos y entrega resultados oportunos. Sin embargo, al contrastar dicha teoría, con la excesiva burocracia que sufrimos en Guatemala, es necesario detenerse a pensar, ¿a quiénes afecta la burocracia y a quiénes no?
Asimismo, deseo que en esta reflexión nos enfoquemos en los intereses del Gobierno de Guatemala, a partir de la siguiente línea de cuestionamientos: ¿Los funcionarios de gobierno que escogemos incluyen en sus planes de gobierno al menos un eje o actividad enfocado a reducir y/o mejorar la burocracia? ¿Puede un presidente, ministro, diputado o alcalde, influir para que la burocracia mejore drásticamente en sus áreas de intervención? ¿Por qué no se aborda de manera prioritaria la excesiva burocracia? ¿Cómo pueden todos vivir así? ¿Hay personas con más privilegios o favoritismos frente a una gestión administrativa excesivamente burocrática? ¿Puede la excesiva burocracia de las instituciones públicas perjudicar a estas mismas? ¿Cómo afecta la excesiva burocracia al desarrollo integral del país?
¿Cómo Guatemala puede desarrollarse como país y cumplir con sus obligaciones como Estado, sin ofrecer a sus habitantes condiciones mínimas a nivel económico, social, de seguridad y sanitario? Pero, sobre todo, ¿en quién recae dicha responsabilidad? En nuestra realidad internacional actual ¿deseamos dejar esta situación en manos de organizaciones internacionales, agencias de cooperación, ONG’s y otros gobiernos o podemos ser capaces de exigir lo que merecemos para tener una vida digna y aportar al desarrollo del país y de las condiciones de todos los guatemaltecos?
Estimado lector, le invito a informarse sobre los detalles del funcionamiento del Estado y a reflexionar también sobre las pequeñas cosas, aquellas en las que nadie pone atención, que no llegan a ser noticia ni crear revuelo, pues allí se suelen encontrar las explicaciones y respuestas a los problemas cotidianos de nuestra realidad nacional. No solo en los varios códigos jurídicos y la Constitución es que se edifica la realidad política e institucional de nuestro país, también en el criterio de un pueblo decidido a querer participar informándose y organizándose para asegurar que las instituciones democráticas operen a pesar de los límites burocráticos que presentan.