La frustración ciudadana no es un capricho ni una postura ideológica pasajera.
Autor: Meybel Amaya – X: @soymey_amayh – Instagram: @Soymey_amaya – Email: Smeybel@gmail.com
Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Durante años, la ciudadanía ha apostado por el cambio dentro de los márgenes de la institucionalidad. Ha votado, ha protestado sin violencia, ha confiado en que el respeto a las reglas podía abrir camino a una democracia más justa. No lo ha hecho por ingenuidad ni por ideología, sino por convicción: nadie quiere un país roto, nadie quiere el conflicto por el conflicto. Lo que se ha buscado, una y otra vez, es certeza.
Sin embargo, la respuesta ha sido sistemática. Las élites políticas y económicas se han atrincherado, han torcido las reglas a su favor y han saboteado cualquier intento real de transformación. Cuando las normas solo se exigen a unos y se acomodan para otros, dejan de ser reglas y se convierten en mecanismos de exclusión; en este contexto, la institucionalidad deja de generar confianza y empieza a producir desafección.
Hoy, la frustración ciudadana no es un capricho ni una postura ideológica pasajera. Es el resultado de un país que se ha cansado de funcionar mal. Nadie quiere seguir viviendo en un Estado capturado, desigual y disfuncional, donde la legalidad se invoca únicamente cuando conviene a quienes concentran el poder. Sin reglas claras, sin procesos legítimos y sin información transparente, no hay certeza; y sin certeza, no hay futuro posible.
Por eso, el debate ya no puede reducirse a si “esas son las formas”. La pregunta de fondo es otra: ¿para quién funcionan las formas y a quién dejan fuera? Defender procedimientos carentes de justicia no fortalece la democracia; la vacía de sentido. Un país no se sostiene solo con rituales legales, sino con reglas que generen confianza, igualdad y dignidad.
La decencia no puede seguir exiliada del poder. La gente buena debe, sí o sí, ocupar los espacios de toma de decisión. No como un gesto simbólico ni como una bandera moral, sino como una responsabilidad histórica frente a un país que ha normalizado el odio, la exclusión y la desigualdad.
Este no es un llamado a la ruptura ni a la confrontación estéril. Es un llamado a la coherencia, a la unidad y a la responsabilidad colectiva. A reconocer que cuando el sistema deja de servir a la mayoría, no basta con respetarlo: hay que transformarlo. Cambiar este sistema ya no es una consigna; es una condición indispensable para recuperar la certeza, reconstruir la confianza y abrir, por fin, un futuro distinto para Guatemala.