Autora: Carolina Hernández Melendrez – Instagram: @_carolhm_ – Email: hmcarol1903@gmail.com Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Todo ser humano necesita alimentarse, descansar, tener un lugar digno donde vivir y recibir atención cuando su salud se ve afectada; estos no son privilegios ni beneficios reservados para unos cuantos, sino que, son condiciones esenciales para vivir con dignidad y forman parte de aquellas garantías que desde una perspectiva de derechos humanos deberían gozar todos sin excepción alguna. Sin embargo, entre reconocer un derecho y poder ejercerlo existen brechas que se vuelven evidentes cuando observamos nuestra realidad y sobre todo en la salud; ya que, aunque se nos establece que todas las personas tienen derecho a ella, las posibilidades reales de conservarla, prevenir una enfermedad o recibir atención oportuna no son las mismas para todos.
En Guatemala, esta diferencia se hace todavía más evidente cuando las condiciones económicas comienzan a determinar quién puede acceder a determinados servicios y quién debe conformarse con lo que tiene a su alcance. Se percibe como si tener una buena salud fuera algo tan básico que debería estar fuera de cualquier discusión económica, sin embargo, para muchas familias cuidar de ella implica hacer cuentas, establecer prioridades y en ocasiones, renunciar a otras necesidades igualmente importantes.
Entonces surge una pregunta que quizá resulte incómoda, pero necesaria: ¿qué sucede cuando cuidar nuestra salud depende de cuánto dinero tenemos?
La pregunta adquiere todavía mayor relevancia en un contexto donde el costo de vida continúa presionando la economía de las familias guatemaltecas, ya que en nuestra actualidad con el aumento en el precio de los combustibles sus efectos no se limitan al momento de llenar el tanque de un vehículo sino que, con ellos también vienen el aumento del precio de aquello que necesitamos diariamente y todo parece costar más. No obstante, ingresos no aumentan en la misma proporción y se empiezan a establecer prioridades; se decide qué comprar, qué pagar y qué puede esperar, y en medio de esas decisiones también queda la salud.
Cuidar nuestra salud no se limita únicamente a acudir al médico cuando estamos enfermos sino que, también significa poder alimentarnos adecuadamente, comprar los medicamentos necesarios, realizarnos exámenes, recibir tratamientos, acudir a consultas y contar con los medios para trasladarnos hasta un centro asistencial.
Quizás para algunas personas estos gastos pueden ser manejables pero para otras pueden representar una carga que obliga a sacrificar necesidades igualmente básicas. Además, a esta realidad se suma el estado de los servicios públicos de salud ya que existen limitaciones de infraestructura, falta de recursos, saturación de los hospitales y dificultades para recibir atención oportuna que provocan que muchas personas terminen recurriendo a centros médicos privados y no realmente porque puedan permitírselo sino porque necesitan una atención que no pudieron obtener en el sistema público; por lo tanto, es precisamente allí donde la desigualdad se vuelve más evidente.
Esto nos lleva nuevamente al terreno de los derechos humanos ya que, un derecho no debería existir únicamente en el papel sino que, también debería existir en condiciones que permitan ejercerlo de manera real y digna. Porque poco sirve reconocer que todas las personas tienen derecho a la salud si las condiciones económicas determinan quién puede acceder oportunamente a ella.
Frente a toda esa realidad queda una pregunta que como ciudadanos no deberíamos dejar de hacernos: si el fin supremo del Estado es el bien común ¿realmente estamos viviendo en condiciones que permitan afirmar que ese bien común se está cumpliendo?