Autor: Luis Chávez – X: @mluiscarlosgt – TikTok: @mluiscarlosgt – Instagram: @mluiscarlosgt – Facebook: @mluiscarlosgt – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Hablar de ineficiencia en los servicios públicos suele generar molestia, pero pocas veces se explica por qué ocurre. Una de las razones menos conocidas —pero más determinantes— tiene que ver con la forma en que se contrata a muchas de las personas que atienden, procesan y resuelven los trámites del Estado. En Guatemala, una parte importante del trabajo público se sostiene con contratos temporales. En términos sencillos, se trata de contratos por tiempo limitado, sin estabilidad laboral, que fueron creados para tareas específicas o de corta duración. El problema aparece cuando esta modalidad se utiliza, de forma constante, para funciones que en realidad son permanentes.
Esto no es un detalle administrativo menor. Los servicios públicos no los prestan los edificios ni los sistemas; los prestan las personas. Cuando una institución cambia continuamente a su personal, los procesos no logran consolidarse, el conocimiento acumulado se pierde y los errores se repiten. Por eso muchos ciudadanos sienten que cada vez que regresan a una oficina pública reciben una respuesta distinta, que un trámite ya iniciado vuelve a comenzar o que nadie se hace responsable del proceso completo. No siempre se trata de mala voluntad, sino de un sistema que funciona sin continuidad.
Hay quienes creen que usar contratos temporales es una forma de ahorrar dinero, pero en la práctica también sale caro. Capacitar una y otra vez a personal nuevo, corregir errores que ya se habían solucionado y volver a empezar procesos consume tiempo y recursos. Ese gasto no siempre se ve en el presupuesto, pero sí lo siente la gente: más horas en filas, más vueltas innecesarias y más frustración. Al final, el supuesto ahorro se paga con el tiempo perdido de los ciudadanos.
Es importante aclarar algo fundamental: el problema no es el trabajador contratado bajo un renglón temporal. Muchas de estas personas cumplen su labor con responsabilidad, experiencia y compromiso, pese a la incertidumbre que implica no saber si su contrato será renovado. El problema es el modelo que los mantiene en una condición de inestabilidad permanente. Un trabajador que no tiene certeza sobre su continuidad difícilmente puede planificar mejoras, asumir responsabilidades a largo plazo o proponer cambios estructurales dentro de la institución.
Y existe una realidad que rara vez se discute: gran parte del Estado funciona gracias a trabajadores que no saben si conservarán su empleo el próximo año. Muchos tienen la experiencia, la capacidad y el deseo de mejorar los servicios públicos, pero la incertidumbre permanente, el estrés laboral y la falta de estabilidad terminan por desincentivar la innovación y debilitar el compromiso institucional. Ninguna organización puede aspirar a la excelencia cuando quienes sostienen su operación trabajan sin certeza sobre su futuro.
La buena noticia es que mejorar la eficiencia de los servicios públicos no necesariamente implica gastar más dinero. Existen soluciones que pasan más por el orden y la gestión que por el aumento del presupuesto. Una de ellas es utilizar los contratos temporales únicamente para aquello para lo que fueron creados. Cuando una persona realiza una función permanente, mantenerla indefinidamente bajo un contrato temporal no genera eficiencia, sino desgaste. Ordenar esa práctica no significa contratar más personal, sino usar correctamente las modalidades ya existentes.
Otro punto clave es dejar los procesos claros. Cuando una oficina funciona solo porque una persona “sabe el trámite”, el problema aparece cuando esa persona se va. Tener procedimientos escritos, pasos claros y reglas sencillas ayuda a que el servicio continúe, aunque cambie el personal. También es importante revisar cómo se hacen los trámites: cuánto tiempo tardan, qué pasos sobran y dónde se traba el proceso. Muchas mejoras pueden hacerse sin gastar más, solo organizando mejor el trabajo.
Además, el Estado ya cuenta con sistemas y herramientas tecnológicas para ordenar y agilizar la gestión. El reto no es crear más, sino usar bien lo que ya existe, evitar duplicar trámites y dar información clara para que la gente sepa qué necesita y a dónde ir.
Además, el Estado ya cuenta con proyectos y herramientas tecnológicas orientadas a ordenar y agilizar la gestión pública. El reto no es invertir más, sino utilizar correctamente lo que ya existe para simplificar trámites, reducir duplicidades y ofrecer información clara y accesible.
En conclusión, un Estado que trabaja con personal inestable tiende a ofrecer servicios inestables. La falta de continuidad no solo afecta a quienes trabajan dentro de las instituciones, sino también —y sobre todo— a los ciudadanos que dependen de ellas. Hablar de este tema no es atacar al gobierno ni a los trabajadores públicos; es reconocer que la eficiencia también es una forma de respeto. Mientras la temporalidad sea la regla para tareas permanentes, los servicios seguirán siendo lentos y confusos. Cambiar esta lógica es posible y beneficia a todos: a la institución, al trabajador y a la gente que busca un servicio que funcione.
Conviene aclarar que la temporalidad laboral no es un problema exclusivo del Estado. Muchas empresas del sector privado también enfrentan las consecuencias de una alta rotación de personal, pérdida de experiencia acumulada y dificultades para consolidar equipos de trabajo. Sin embargo, cuando este fenómeno ocurre en instituciones públicas, el impacto trasciende a la organización y termina afectando directamente a miles de ciudadanos que dependen de sus servicios.
A ello se suma una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué ocurre cuando los puestos clave se ocupan por criterios distintos al mérito, la experiencia y el conocimiento técnico? La respuesta suele reflejarse en servicios más lentos, decisiones menos eficientes y una ciudadanía cada vez más frustrada. La relación entre temporalidad, selección de personal y calidad de la gestión pública merece un análisis propio. De eso hablaremos en una próxima, porque detrás de cada trámite que no avanza, casi siempre hay un problema institucional que nadie quiere discutir.