La desigualdad que fluye y nadie quiere enfrentar
Autor: Mercedes López – Instagram: @mercedeslopez_oficialgt – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
En Guatemala, el acceso al agua sigue tratándose como un problema técnico, cuando en realidad es uno de los rostros más claros de la desigualdad estructural del país. No es que el agua falte; es que está mal distribuida, mal gestionada y, en muchos casos, capturada por intereses que poco tienen que ver con el bienestar colectivo.
Las cifras lo confirman, aunque incomoden. Mientras en las áreas urbanas el acceso al agua supera el 90%, en las zonas rurales cae significativamente, y en muchos casos ni siquiera implica agua dentro del hogar. Para miles de familias, el acceso significa caminar, cargar y esperar. Significa depender de sistemas intermitentes, de fuentes inseguras o de la incertidumbre diaria. En términos reales, no todos los guatemaltecos viven en el mismo país cuando se trata de agua.
Pero la desigualdad no es solo territorial; es también de género. En Guatemala, las mujeres dedican horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y dentro de esas tareas, el acceso al agua ocupa un lugar central. Acarrear agua no es una metáfora: es una carga física concreta, que puede implicar hasta 45 minutos diarios y un desgaste significativo. Es tiempo que no se invierte en educación, en ingresos o en participación pública.
Y aquí está el punto incómodo: esa carga no es casual, es estructural. Según datos nacionales, la mayoría de mujeres fuera del mercado laboral no lo están por falta de capacidad, sino por responsabilidades domésticas. Es decir, el sistema económico del país descansa silenciosamente sobre su trabajo no remunerado. El agua, en este contexto, no solo es un recurso; es un mecanismo que reproduce desigualdad.
A esto se suma una realidad aún más crítica: la calidad del agua. En Guatemala, gran parte del agua disponible no es potable, y el tratamiento de aguas residuales es prácticamente inexistente. Es un sistema que no solo es desigual, sino también insostenible. Se pierde agua, se contamina agua y se sigue gestionando como si fuera un recurso infinito.
Desde la perspectiva de poder, el problema se vuelve aún más evidente. ¿Quién decide sobre el agua? ¿Quién define su distribución? No son, en la mayoría de los casos, las comunidades que dependen directamente de ella. Mucho menos las mujeres que la gestionan en la vida cotidiana. La gobernanza del agua en Guatemala no es neutra: refleja las mismas desigualdades que atraviesan al país.
Y, sin embargo, existe una contradicción que el país no ha sabido resolver. Guatemala lidera en niveles de emprendimiento en la región, pero no logra traducir ese potencial en desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque no hay condiciones básicas garantizadas. No se puede hablar de crecimiento económico cuando el acceso al agua —el recurso más elemental— sigue siendo precario para una parte significativa de la población.
El problema de fondo es claro: se sigue abordando la crisis del agua como un tema de infraestructura, cuando en realidad es un problema de modelo. Un modelo que ha ignorado los límites ecológicos, que ha permitido la degradación de ecosistemas y que no ha priorizado la equidad en la distribución de recursos.
Seguir postergando esta discusión tiene un costo. No solo ambiental, sino social y económico. La falta de agua ya no es solo una incomodidad; es un factor de riesgo para la estabilidad, la salud y el desarrollo del país.
El agua en Guatemala no debería ser un privilegio. Pero hoy, en la práctica, lo es. Y mientras no se reconozca que esta crisis es también una crisis de poder, cualquier solución será superficial.
Porque el problema no es únicamente la falta de agua. Es quién la tiene… y quién no.