Autor: Jennifer Paniagua – X: @jennypaniagua01 – Instagram: @jenny_paniagua01 – Facebook: @jennifer.paniagua.73 – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
“Porque la política no puede considerarse plena mientras existan sectores que deben luchar el doble para ser escuchados”
En Guatemala, hablar de participación política no es únicamente referirse a elecciones o a cargos públicos. Para muchas mujeres de la diversidad sexual, existir ya es un acto político. Su presencia en espacios históricamente excluyentes desafía estructuras profundamente arraigadas que han denegado sistemáticamente su derecho a decidir, representar y transformar.
La política guatemalteca ha sido, durante décadas, un territorio dominado por lógicas patriarcales heteronormativas que excluyen a las mujeres de la diversidad sexual. En este contexto, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y otras identidades diversas no solo enfrentan las barreras tradicionales de género, sino también múltiples formas de discriminación interseccional. No es una exclusión casual, es estructural.
Hablar de su participación no es un gesto simbólico, un gesto caritativo ni una agenda secundaria. Es una cuestión de derechos humanos. Porque cuando estas mujeres acceden a espacios de toma de decisión, solo ocupan un cargo: disputan narrativas, visibilizan realidades y amplían el concepto mismo de lo que significa ciudadanía. Llevan consigo agendas que, históricamente, han sido invisibilizadas.
Sin embargo, el sistema continúa operando como un filtro. La falta de representación no responde a una ausencia de capacidades, sino a un conjunto de obstáculos estructurales que limitan su acceso: partidos políticos que no abren espacios, discursos de odio normalizados, ausencia de marcos legales inclusivos y una sociedad que, en pleno siglo veintiuno, castiga la diferencia. A esto se le suma la violencia política, que muchas veces adopta formas específicas contra las mujeres de la diversidad sexual, buscando silenciarlas antes de que puedan incidir.
Reivindicar la participación de las mujeres de la diversidad sexual implica reconocer que esos espacios también les pertenecen. No como concesión, sino como derecho. La inclusión no es un acto de tolerancia, sino, una obligación del Estado y una condición mínima para hablar de igualdad.
A nivel internacional, diversas mujeres de la diversidad sexual han demostrado que la participación política no solo es posible, sino profundamente transformadora. Petra De Sutter en Bélgica, una de las primeras mujeres trans en ocupar un cargo de alta jerarquía gubernamental en Europa; Ximena Rincón en América Latina que, aunque no es perteneciente a la diversidad sexual, fue una aliada clave en la promoción de derechos; o Sarah McBride en Estados Unidos, la primera mujer trans elegida como senadora estatal. Sus trayectorias han evidenciado que la inclusión no debilita la política, la fortalece y enriquece.
Ser mujer de la diversidad sexual en un contexto como el guatemalteco no es sencillo, pero es profundamente significativo. El orgullo de ser una mujer de la diversidad sexual es saber que no solo se ocupa un espacio personal, sino también por muchas otras que no han podido llegar. El orgullo no nace de la comodidad, sino de la resistencia; de haber aprendido a sostenerse en medio de estructuras que históricamente han querido invisibilizar su existencia y, sin duda, es un orgullo que también es compromiso con la lucha de derechos, la construcción de espacios más justos y con la convicción de que nuestra presencia no debe explicarse ni justificarse, sino asumirse como parte legítima de una sociedad. Porque ser, en sí mismo, también es una forma de transformar.