Por: Michelle Callejas – Instagram: @Michelle.callejas_ Email: Michellecruiz05@gmail.com Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Universidades, iglesias, instituciones del Estado, empresas y comunidades: las mujeres impulsamos cada uno de esos espacios. Somos la fuerza que sostiene al país. Tenemos capacidad, talento y valentía. Sostenemos múltiples roles a la vez: madres, cuidadoras, estudiantes, lideresas comunitarias, profesionales y muchos más.
Sin embargo, surge una pregunta inevitable: si somos el 52 % de la población, ¿por qué seguimos siendo minoría en los espacios de toma de decisión? El problema no es la falta de preparación. El problema es la persistencia de un sistema excluyente, donde el acceso al poder no depende exclusivamente de la meritocracia, sino de barreras de género que se agravan según el territorio en el que nacimos o las condiciones en las que vivimos.
Esta exclusión comienza en lo cotidiano. Se manifiesta cuando, en entrevistas laborales, se nos pregunta sobre nuestra vida privada, la maternidad o nuestros planes de pareja. Tales cuestionamientos desvían la atención de nuestras competencias profesionales, mientras que en el caso de los hombres su capacidad suele darse por sentada. A las mujeres se nos exige perfección, disponibilidad absoluta y, muchas veces, la renuncia implícita a nuestra vida personal para ser consideradas “aptas”.
El ciclo inicia en el ámbito familiar, continúa en las aulas y en los espacios laborales, y termina impactando la vida política. Las cifras son elocuentes: en el Congreso de la República, las mujeres ocupan apenas el 20 % de los curules. En el ámbito municipal, solo 12 de los 340 municipios son dirigidos por alcaldesas. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, únicamente el 13 % de los cargos de elección popular están en manos de mujeres. A ello se suma que, en los procesos de elección de segundo grado, las comisiones de postulación —integradas mayoritariamente por hombres— continúan designando, en su mayoría, a otros hombres, limitando la participación femenina en magistraturas y cargos clave.
La igualdad aún no es una realidad.
Incluso cuando una mujer logra ejercer liderazgo en espacios de poder, su legitimidad suele ser cuestionada. No por sus decisiones o trayectoria, sino por el hecho mismo de ocupar el cargo. El sistema institucional no está diseñado para sostener ni proteger el liderazgo femenino: se nos condena por un error, mientras que a ellos se les tolera la mediocridad sin mayores consecuencias. Así confirmamos que la igualdad aún no es una realidad.
Por eso, cada niña, joven y mujer que estudia, trabaja, participa y resiste desde cualquier lugar de Guatemala no solo está construyendo su propio camino; está reclamando el espacio que le corresponde a ella y a todas las demás. La participación femenina en la toma de decisiones no puede reducirse a una cuota simbólica ni a un requisito para proyectar una imagen institucional incluyente.
La democracia no se limita al acto de votar. Implica que las mujeres, desde nuestros territorios y diversidades, estemos presentes en los espacios donde se define el rumbo del país, con libertad para incidir y ejercer nuestro liderazgo con autonomía.
Sin miedo ni culpa, debemos reconocer que las estructuras necesitan transformarse. La presencia aislada de una mujer en un cargo de decisión no es sinónimo de progreso. El cambio real ocurre cuando llegamos más, cuando permanecemos y cuando transformamos las reglas que históricamente nos han excluido.
A pesar de las dificultades, las mujeres ya lideramos desde nuestras comunidades, organizaciones y espacios de formación. Avanzamos, resistimos y sostenemos. No estamos pidiendo permiso: estamos reclamando lo que nos corresponde. Y juntas, estamos llegando.
Sobre el Autor: Estudiante de Comercio Internacional; facilitadora del idioma inglés, comprometida con la transformación social en Guatemala.