Autor: Jennifer Paniagua – X: @jennypaniagua01 – Instagram: @jenny_paniagua01 – Facebook: @jennifer.paniagua.73 – Editorial: youngfortransparency@gmail.com
“Cuando la justicia se posterga deja de ser justa” Anónimo
Melissa Palacios murió el 5 de julio de 2021, un día después de su desaparición. No es una fecha simbólica ni una referencia ajena: es un recordatorio incómodo de que, casi cinco años después, el sistema de justicia guatemalteco sigue sin darle una respuesta definitiva al crimen que nunca debió quedar atrapado en un laberinto procesal, propuesto por la defensa de los acusados.
Las últimas audiencias del caso no provocan indignación por su complejidad jurídica, sino por algo más grave: la exhibición de un patrón procesal que da pasos, pero no avanza. Cada momento ha estado marcado por disputas procesales, apelaciones, suspensiones y reprogramaciones, dejando en claro que lo que debería ser una ruta clara hacia la verdad, se ha convertido en una partida de ajedrez que busca comprar tiempo para los sindicados.
La rabia hacia el sistema de justicia no nace de la ignorancia del debido proceso. Nace de ver cómo ese proceso se utiliza como escudo para María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín. Nace cuando las audiencias se convierten en escenarios técnicos donde se discute todo, menos el hecho suscitado. Nace cuando el expediente crece, pero la justicia se encoge.
No se trata de negar el derecho fundamental a la defensa que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, sino de reconocer cuándo este deja de ser garantía y se transforma en una herramienta para obstruir y postergar la justicia.
En el caso de Melissa Palacios se observa un tipo de violencia que no está escrita en ningún código, pero se siente con la misma fuerza: el sistema busca cansar a las víctimas, alargar los procesos y enfriar la memoria pública para que la toma de decisiones pueda llevarse a cabo tras el telón del teatro que ellos mismos montan.
La audiencia de ofrecimiento de prueba fue suspendida en múltiples ocasiones durante el 2025 y no es un trámite jurídico, es tiempo robado a la verdad, a la justicia y a la paz de la familia de la víctima. En este caso, el tiempo no ha sido aliado de la justicia, ha sido cómplice de los acusados. Cada mes que pasa sin juicio no es neutral: beneficia a quien puede permitirse estirar el proceso y castiga a quienes esperan una respuesta de lo sucedido el 5 de julio de 2021.
El paso del tiempo…
En enero de 2026, se admitieron más de 200 pruebas propuestas por la fiscalía y partes querellantes para sustentar el juicio por asesinato, marcando los primeros pasos para el inicio del juicio en contra de los asesinos de Melissa.
La rabia es legítima porque no estamos frente a un expediente, estamos frente a un asesinato que conmocionó al país y que hoy sigue atrapado en un laberinto procedimental que, parece ser más importante que la vida de un humano. Estamos frente a un sistema más preocupado por resolver incidentes inexistentes dentro del proceso, que por resolver un crimen.
Cuando la estrategia procesal tiene como resultado sistemático que el juicio no empiece, la discusión deja de ser jurídica y se vuelve ética, porque la indignación viene de la normalización y el mensaje subliminal que dice: “así funciona el sistema”.
Cada día que el sistema no es capaz de garantizar justicia, la deuda no solo es con su familia, sino con toda la sociedad que sigue aprendiendo que, en Guatemala, la justicia también puede morir. Melissa Palacios no necesita más tramites, necesita justicia. Melissa no necesita más folios en su expediente, necesita que los tribunales le den respuestas y que las palabras de la sentencia no dejen conciliar el sueño a cada uno de sus asesinos.