Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y a la impunidad
En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Coordinadora 25 de Noviembre denuncia la falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones responsables de garantizar justicia y protección.
La Coordinadora 25 de noviembre posiciona y visibiliza todas las manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres mayas, xinkas, garífunas, afrodescendientes y ladino/mestizas, niñas, adolescentes, jóvenas, adultas y mayores, mujeres en su diversidad y pluralidad. Según datos monitoreados, recopilados y triangulados por Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM, al 15 de noviembre de 2025, se han registrado 376 muertes violentas de mujeres y de las cuales se han documentado 141 femicidios.
En Guatemala, desde el año 2000 a la fecha, se han registrado un total de 15,130 mujeres asesinadas. La violencia contra las mujeres continúa siendo el segundo delito más denunciado en 2025, con 36,925 denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los delitos contemplados en la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. El MP a la fecha reporta una efectividad del 0.56% (39,925 denuncias y 208 sentencias), poniendo al descubierto prácticas nocivas como archivos de expedientes, aceptación de cargos, desestimiento y conciliación; que perpetúan la impunidad y la falta de justicia para las mujeres.
Niñez y juventud
Las niñas, adolescentes y jóvenes enfrentan escenarios que vulneran su integridad como el acoso sexual, violencia sexual y diferentes formas de trata. El INACIF ha realizado 5,653 reconocimientos médicos por delitos sexuales, de los cuales el 22% (1,243) corresponde a víctimas entre 4 y 15 años de edad. El MP reporta 4,604 violaciones sexuales, lo que equivale a 14 violaciones diarias. Mientras el Ministerio de Salud y Asistencia Social MSPAS reporta que niñas entre 10 a 15 años han sido obligadas a parir 10,175 hijas e hijos. En cuanto a las desapariciones reportadas por la alerta Alba – Keneth existen vacíos de monitoreo y seguimiento para la búsqueda inmediata. Según la PGN el sistema ha registrado delitos relacionados a violencia sexual, de los cuales 24 corresponden a niñas entre 0 a 12 años y 169 en adolescentes entre 13 a 17 años, quedando en la impunidad y afectando de forma permanente el proyecto de vida de las niñas, adolescentes y jóvenas.
Violencia sexual
La violencia sexual que enfrentan a diario las mujeres unidas, casadas o en vínculos afectivos; bajo la presión de “cumplir al hombre”, junto con la negación del acceso a métodos anticonceptivos o de protección; da como resultado infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH; así como embarazos no deseados y forzados; por ende, maternidades obligadas; que no se cuantifican porque se consideran como algo habitual o natural.
Las mujeres y trabajadoras del campo y la ciudad, de la agroindustria, maquila, comercio y de casa particular, sufren violencia laboral, como la diferencia de salarios entre hombres y mujeres la cual se traduce en una brecha salarial en los diferentes ámbitos a nivel territorial y nacional, vulnerando su derecho a un salario digno, prestaciones, seguridad y protección social. En Guatemala las mujeres aportan a la economía y al PIB 19.8% en trabajo de cuidados, sin recibir beneficios ni condiciones de acceso a los servicios básicos.
El racismo y violencia contra las mujeres mayas, xinkas, garífunas y afrodescendientes impacta en la vida individual, colectiva y comunitaria, la cual exacerba la discriminación, el empobrecimiento, el despojo y la desigualdad de oportunidades, así como el incumplimiento del principio de control de convencionalidad y demás compromisos internacionales relacionados a pueblos indígenas y que asegure un acceso y atención diferenciada en el sistema de justicia.
Omisiones del Estado
Las graves omisiones del Estado de Guatemala ante la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad, como la ausencia de accesibilidad, la falta de sistemas de denuncia adecuados y la atención integral con un enfoque en derechos humanos, muestran la invisibilidad e incumplen su deber de resguardar y proteger.
La violencia sufrida contra mujeres Trans indica que las formas más frecuentes de violencia son la discriminación (45.9%), los ataques físicos (17.1%) y asesinatos (7%). El 59% de las víctimas afectadas no presenta una denuncia formal debido a la falta de confianza en el sistema de justicia a nivel nacional.
De acuerdo con los datos de la UDEFEGUA, la violencia contra las defensoras incluye la estigmatización (979), la difamación (388), el hostigamiento (246) y amenazas (49). También señala que sufren vigilancia, intimidaciones y discursos de odio; lo cual intenta silenciar, aislar y debilitar a quienes se atreven a asumir roles de liderazgo y defensa de los derechos humanos.
En un contexto de dudas y escasa claridad, las elecciones de segundo grado representan una oportunidad para fortalecer las instituciones y la aplicación de la justicia, debido a los continuos esfuerzos que buscan debilitar la democracia y mantener un sistema de impunidad y corrupción.
Ante esta situación, las mujeres demandamos y exigimos: AL ORGANISMO JUDICIAL:
Continuar informando sobre los recursos que el Organismo Judicial destina para el acceso a la justicia de las mujeres, utilizando el clasificador de género establecido en las normas presupuestarias.
Fortalecer los Juzgados de Paz para que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Que las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, garanticen el acceso a la justicia para las mujeres, que se aplique el enfoque de derechos humanos de las mujeres y elaboren un informe de cumplimiento de las demandas presentadas en el 2021-2025.
Garantizar que los procesos de elecciones de segundo grado sean transparentes, apegados a la ley en condiciones de igualdad y equidad, con perfiles basados en la honorabilidad, probidad e idoneidad
AL ORGANISMO EJECUTIVO:
- Entregar en el primer bimestre del 2026 los recursos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, a las organizaciones especializadas en violencia contra las mujeres, para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para las Mujeres sobrevivientes de Violencia CAIMUS.
- Fortalecer la Institucionalidad de la CONAPREVI, como ente rector y coordinador para la prevención de la violencia contra las mujeres, con recursos financieros, recursos humanos y técnicos especializados para su funcionamiento.
- Fortalecer el manejo y aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual, actualizando las rutas de atención evitando la negación del acceso a la salud.
- Establecer vigilancia para que la Comisión Paritaria aumente el salario mínimo para el trabajo doméstico y que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS, mejore el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular -PRECAPI-.
- Desarrollar todas las condiciones necesarias para implementar la Política Pública de protección a Personas Defensoras de DDHH, se atienda la problemática urgente de criminalización, judicialización, represión y violencia política que enfrentan mujeres, feministas, autoridades ancestrales, lideresas comunitarias, operadoras de justicia y de la diversidad.
- Que las instituciones gubernamentales prioricen y atiendan la violencia y el racismo que enfrentan las mujeres de pueblos originarios ante el despojo que ejercen las transnacionales y los desalojos extrajudiciales, en donde se violentan sus derechos y deben enfrentar la militarización.
AL ORGANISMO LEGISLATIVO:
Aprobar el Presupuesto asignado a las organizaciones especializadas en violencia contra las mujeres para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia-CAIMUS.
Aprobar leyes que prevengan y castiguen los embarazos infantiles forzados, y promuevan el resarcimiento para que las niñas y adolescentes puedan restituir sus derechos vulnerados y garantizar su proyecto de vida.
Avanzar de manera urgente en la construcción y aprobación de una Ley Integral Trans que garantice el reconocimiento y la rectificación registral conforme a nuestra identidad autopercibida; condición indispensable para acceder plenamente a derechos básicos como educación, salud, empleo y justicia.
La aprobación del Ministerio de la Mujer, iniciativa 4977 que se encuentra pendiente de aprobación desde 2016La aprobación de los Convenios 189 y 190 de la OIT, como una acción para el mejoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras.
AL MINISTERIO PÚBLICO:
Exigimos el fortalecimiento del Sistema de búsqueda inmediata Alerta Isabel-Claudina para garantizar la integridad de mujeres; así como los mecanismos de seguimiento para esclarecer los ciclos de violencia a las que están sometidas y desarrollar acciones de prevención.
Garantice los estándares internacionales en materia de derechos humanos en todas las denuncias y procesos por violencia contra las mujeres.
Que el MP dé celeridad a los procesos de investigación para reducir la mora fiscal y garantizar la justicia para todas las mujeres en su diversidad.
POR LA VIDA, LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES. EXIGIMOS QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
