Autora: Jennifer Paniagua
Hay países donde la muerte de un hombre representa una tragedia. En otros, además, refleja una historia que se niega a terminar. Guatemala, dolorosamente, pertenece a los segundos. En esta tierra, la violencia ha marcado a generaciones enteras. La impunidad, además, ha permitido que demasiados crímenes permanezcan sin respuesta. Por eso, la muerte rara vez puede separarse de las heridas de nuestra historia. Hemos aprendido a convivir con noticias que deberían estremecernos. Reconocemos los nombres de las víctimas sin conocer a los victimarios. También aceptamos como cotidiano aquello que debería resultar insoportable en cualquier sociedad que se precie de ser democrática.
El pasado 17 de octubre, Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a plena luz del día en un espacio deportivo de la ciudad capital. Tenía apenas cuarenta y tres años y cuatro hijos. Su trayectoria estuvo marcada por la investigación criminal, la administración pública, la defensa de la justicia y la confrontación con estructuras de poder. Tres días después conmemoramos el aniversario de la Revolución de Octubre de 1944. Nos encontramos, entonces, frente a una contradicción profundamente dolorosa. Celebramos la libertad conquistada por quienes se atrevieron a desafiar al autoritarismo. Al mismo tiempo, despedimos a un hombre cuya muerte nos obliga a preguntarnos cuánto hemos avanzado realmente. También debemos preguntarnos cuánto sobrevive aquella Guatemala sometida al miedo y a los intereses de unos cuantos.
Memoria, violencia e impunidad
Me niego a escribir sobre su asesinato como si se tratara de un acontecimiento aislado, desprovisto del contexto político, histórico y social de nuestro país. Me niego, sobre todo, a aceptar que el respeto por su memoria nos obligue a guardar silencio frente a las estructuras que durante décadas han contaminado la vida pública guatemalteca.
Hablar de Guatemala implica señalar al Ejército y su responsabilidad histórica en la represión, las desapariciones forzadas y las atrocidades contra la población civil durante el conflicto armado interno. También implica señalar al narcotráfico. Este ha encontrado en la corrupción, la debilidad institucional y la complicidad de funcionarios una oportunidad para extender sus negocios criminales. Implica, además, confrontar a los fascistas y a quienes todavía reivindican la persecución política. Son quienes justifican la violencia contra sus adversarios y añoran los tiempos en que disentir podía costarle a una persona la libertad o la vida. Finalmente, implica señalar a las estructuras clandestinas, a los operadores de la impunidad y a esas fuerzas oscuras que se mueven entre el dinero, la política y las instituciones. Actúan convencidas de que el Estado es un patrimonio que pueden repartirse a conveniencia. Señalar su existencia y sus responsabilidades históricas significa negarnos a olvidar el país en el que ocurrió este crimen.
El problema de Guatemala nunca ha sido únicamente la existencia de criminales. También ha sido la capacidad de determinadas estructuras para infiltrarse en las instituciones, proteger sus intereses y evadir las consecuencias de sus actos. Durante demasiado tiempo, la corrupción dejó de ser una anomalía y se convirtió en un mecanismo para ejercer el poder. Unos enriquecen sus fortunas; otros negocian influencias. Algunos utilizan las instituciones que deberían garantizar justicia para defender sus propios privilegios. La democracia se deteriora cuando quienes deberían responder ante la ley logran convertirla en un instrumento de protección personal. Se deteriora todavía más cuando la ciudadanía comienza a creer que enfrentarlos es una batalla perdida.
Las estructuras que sobreviven
Durante años nos han vendido la idea de que el conflicto armado terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, como si bastara con estampar una firma sobre el papel para desmantelar las estructuras que hicieron posible el terror. Cambiaron los discursos, algunos uniformes desaparecieron de los espacios públicos y la violencia adquirió nuevas expresiones, pero las consecuencias de aquella historia continúan presentes en una sociedad donde miles de víctimas todavía esperan justicia.
No podemos hablar del Ejército sin hablar de su responsabilidad institucional en graves violaciones de derechos humanos, documentadas durante el conflicto armado, ni podemos aceptar que la importancia de su función constitucional sirva como excusa para evitar el escrutinio de sus actuaciones. Ningún uniforme puede convertirse en un escudo contra la justicia, de la misma manera que ningún cargo público, apellido o fortuna debería garantizar impunidad.
Tampoco podemos seguir fingiendo que el narcotráfico y las redes de corrupción son problemas ajenos a la vida política nacional. El dinero ilícito no solamente financia actividades criminales; también busca comprar silencios, voluntades y espacios de influencia. Las estructuras clandestinas no necesitan controlar abiertamente todas las instituciones cuando pueden servirse de operadores capaces de torcer decisiones, obstaculizar investigaciones o garantizar protección.
Una historia familiar atravesada por la violencia
Existe, además, una dimensión particularmente dolorosa en la historia de Solórzano Foppa. Era nieto de Alaíde Foppa, poeta, escritora, feminista y periodista detenida y desaparecida en Guatemala en 1980. Su ausencia se convirtió en uno de los símbolos de las atrocidades cometidas durante una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Cuarenta y seis años después, su familia vuelve a enfrentar una pérdida atravesada por la violencia. No pretendo establecer una relación criminal entre ambos acontecimientos. Sin embargo, resulta imposible ignorar el peso de esa coincidencia histórica. Una familia que ya conoció el horror de la desaparición forzada debe enfrentar nuevamente el sufrimiento provocado por una muerte violenta.
La obligación de investigar
Precisamente porque su muerte merece algo más que una indignación momentánea, debemos exigir una investigación exhaustiva, independiente y libre de interferencias. No basta con identificar a quienes dispararon. La justicia debe esclarecer el móvil, reconstruir la planificación y determinar si existieron autores intelectuales. Deben investigarse todas las hipótesis sustentadas en la evidencia. Nadie debe quedar excluido por su posición política, influencia económica, jerarquía militar, vínculos institucionales o cercanía con el poder. El país no necesita culpables fabricados para satisfacer la presión pública. Tampoco necesita explicaciones apresuradas que permitan archivar otro crimen. Necesitamos conocer la verdad, aunque resulte incómoda o comprometa intereses poderosos. Debemos examinar aquello que durante demasiado tiempo se ha preferido mantener en la oscuridad. Guatemala merece respuestas completas, no versiones convenientes para cerrar apresuradamente otro expediente.
Contra la resignación
Hoy quiero dirigirme especialmente a quienes sienten que Guatemala ya no tiene remedio. También hablo a quienes han comenzado a aceptar la corrupción como una característica inevitable de nuestra política. Y a quienes prefieren mantenerse al margen porque consideran que involucrarse no cambiará nada. Comprendo el cansancio de vivir en un país donde las luchas parecen interminables. Cada esperanza de transformación termina enfrentándose a intereses que se resisten a perder sus privilegios. Sin embargo, la resignación colectiva también tiene consecuencias.
Mientras callamos, quienes buscan capturar las instituciones encuentran menos resistencia. Cuando renunciamos a exigir justicia, las redes criminales obtienen más oportunidades para protegerse. Al abandonar los espacios de participación, permitimos que otros decidan el futuro de una nación que también nos pertenece. Entre ellos están el Ejército, los fascistas y el crimen organizado. La indiferencia jamás ha desmantelado una estructura criminal. Tampoco ha derrotado a la corrupción ni ha devuelto la libertad a un pueblo.
La revolución que Guatemala necesita
Resulta profundamente simbólico que, en el aniversario de la Revolución de Octubre, recordemos que las transformaciones democráticas nunca han sido concesiones gratuitas de quienes concentran el poder. Los derechos que hoy reconocemos fueron conquistados por generaciones que se negaron a aceptar el autoritarismo como destino. Quizá ese sea uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: comprender que Guatemala necesita una nueva revolución. Una revolución capaz de cuestionar los privilegios militares y denunciar la influencia del narcotráfico. Una que enfrente democráticamente las expresiones fascistas y exija el desmantelamiento de las estructuras clandestinas que atentan contra la independencia institucional. No debe conformarse con cambiar nombres en los cargos públicos. Debe transformar las condiciones que han permitido reproducir la corrupción, la violencia y la impunidad.
No podemos permitir que el nombre de Juan Francisco Solórzano Foppa se convierta en otro recuerdo que desempolvamos cada aniversario. Su muerte nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para transformar el país que heredamos. Dejemos de aceptar como inevitable que los narcotraficantes compren voluntades. No toleremos que los corruptos utilicen las instituciones para defender sus negocios. Tampoco que los operadores clandestinos condicionen la justicia o que quienes reivindican el autoritarismo pretendan decidir los límites de nuestra libertad.
Guatemala no nació condenada a la violencia y tampoco está destinada a permanecer eternamente sometida a los mismos intereses. La historia de nuestro país está marcada por profundas tragedias, pero también por generaciones que resistieron, denunciaron y lucharon por construir una sociedad más justa.
Guatemala no les pertenece
A los militares que pretendan conservar privilegios al margen del control democrático, a los narcotraficantes que busquen convertir las instituciones en instrumentos de sus negocios, a los corruptos que negocien con los recursos públicos y a quienes defienden el fascismo, la represión y el silenciamiento de las voces críticas, hay algo que debe quedar absolutamente claro: Guatemala no les pertenece.
Este país no es propiedad de una institución armada, una organización criminal, un grupo económico ni una élite política. Pertenece a sus ciudadanos: a quienes trabajan todos los días por sobrevivir y a quienes exigen justicia. También pertenece a quienes todavía buscan a sus desaparecidos y a las generaciones que tienen derecho a imaginar un futuro distinto. La autoridad que no admite fiscalización se acerca peligrosamente al abuso. Una democracia donde la ciudadanía teme cuestionar al poder deja de cumplir su promesa fundamental de libertad.
Memoria, participación y justicia
Juan Francisco, hoy te despedimos mientras recordamos una revolución que intentó abrirle a Guatemala un camino diferente. Las generaciones jóvenes nos negamos a heredar un país donde investigar la corrupción implique vivir bajo la sombra de la violencia. Lo mismo vale para ejercer la libertad de expresión o participar en los asuntos públicos. Nos negamos a creer que nuestro destino sea resignarnos ante los poderes que durante décadas han condicionado la historia nacional. Sobre todo, no permitiremos que el miedo se convierta en la única respuesta frente a la injusticia.
Que el asesinato de Solórzano Foppa no nos acostumbre a la muerte ni nos arrebate la empatía. Sobre todo, que no nos condene al silencio. Que este 20 de octubre nos recuerde que la libertad no se conserva únicamente con discursos conmemorativos. Tampoco basta con homenajear a quienes lucharon antes que nosotros. Nuestra respuesta debe ser más memoria, organización, investigación y participación. Debe ser, además, una exigencia inquebrantable de justicia.
A Juan Francisco Solórzano Foppa le arrebataron la vida. No debemos permitir que su muerte también nos arrebate la voluntad de transformar nuestro país. Frente a quienes pretenden apropiarse del Estado, debemos reivindicar la soberanía de su pueblo. Frente a quienes utilizan el miedo para conservar sus privilegios, debemos defender nuestras libertades. Y frente a quienes creen que la impunidad puede prolongarse indefinidamente, debemos exigir justicia sin excepciones.
La historia no debe seguir escribiéndose con la sangre de quienes se atreven a cuestionar al poder. Cuando las próximas generaciones nos pregunten qué hicimos frente a la violencia, la corrupción y el autoritarismo, debemos poder responder. Que sepan que no permanecimos indiferentes, sino que hubo revolución.
Guatemala no les pertenece a los militares, los narcos, los fascistas ni las fuerzas oscuras que pretenden capturar sus instituciones. Guatemala es nuestra. Recuperarla para la democracia es una responsabilidad que no podemos seguir postergando.