25 de noviembre

En el marco del día internacional de la no violencia Contra las mujeres, la coordinadora 25 de Noviembre, exige seguridad y justicia para las Mujeres, niñas y adolescentes

Las organizaciones de mujeres, mujeres indígenas y feministas, redes, coordinaciones, alianzas y defensoras de derechos humanos; ante la violencia femicida, la impunidad y la inseguridad que sufren las mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio guatemalteco, informamos:

Que la violencia contra las mujeres ha alcanzado dimensiones preocupantes, según el monitoreo del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) quien registran de enero a octubre de 2026 un total de 536 Muertes Violentas de Mujeres, de las cuales 244 han sido categorizados como femicidios. El impacto de éstas, muestra un patrón de vulnerabilidad e impunidad en las mujeres jóvenes, siendo el 48% víctimas entre 16 y 30 años de edad. El arma de fuego es la principal causa letal (62%) del total de estas muertes.

El INACIF documentó 83 Muertes Violentas de Niñas y Adolescentes entre 1 y 17 años de edad, y de éstas el Ministerio Público únicamente categorizó 15 como femicidios. La principal causa de muerte registrada en este grupo es la asfixia por suspensión (ahorcadura), cobrando la vida de 50 víctimas de entre 10 y 17 años. Los análisis sociológicos y forenses confirman una trágica cadena causal, como la violencia física y sexual que no son investigados, ni sancionados por el Estado. La maternidad forzada por los traumas derivados de embarazos en niñas y adolescentes y la falta de apoyo institucional, desencadenan episodios de suicidio mediante ahorcadura.

La Violencia contra las Mujeres representan el delito más denunciado en todo el país según la información del Ministerio Público de enero a octubre se han registrado 36, 000 denuncias, lo cual repercute en el sistema de seguridad y justicia. Entre los años 2018 y 2025, pese al continuo incremento presupuestario que le fue asignado al Ministerio Público, la tasa de eficacia de la política criminal de la institución se redujo a un 7%. Esto demuestra de forma irrefutable que más del 93% de las causas penales denunciadas no concluyen en una sanción penal, ni en la reparación digna y efectiva para las víctimas y sus familiares.

Esta impunidad es acentuada por el Organismo Judicial, donde el 69% de las causas penales por violencia contras las mujeres, concluyen en salidas procesales previas al juicio (tales como desestimaciones y faltas de mérito), evidenciando fallas en la investigación penal inicial. Asimismo, se denuncia la aplicación excesiva y reiterada de la figura de aceptación de cargos en delitos comprendidos en la Ley contra el Femicidio, otorgando beneficios que favorecen a los violentadores.

La maternidad Forzada y la Violencia Sexual contra las niñas a nivel nacional, representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el país. Según monitoreo de GGM con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre enero y septiembre de 2026, se tiene un acumulado de 20,727 nacimientos en madres entre 9 y 17 años de edad; y registrando 342 nacimientos en niñas de 9 a 14 años. Por lo tanto, y de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, los mismos constituyen el delito de violación agravada.

Previo a las Elecciones Generales de 2027, las mujeres representan más del 54% del padrón electoral y el 52% de la población total de Guatemala, pero continúan enfrentando una marcada subrepresentación política (ocupando solo el 21% de las curules del Congreso y el 3.5% de las alcaldías para el periodo 2024-2028). Ante esta brecha estructural, existen barreras como la persistencia de estereotipos y escasa democracia interna en los partidos políticos, y violencia política contra las mujeres; que limita su participación y el ascenso de nuevas lideresas.

Las agresiones contra Poblaciones Diversas afectan gravemente a las mujeres en su diversidad. De acuerdo a la Organización OTRANS, se registraron de enero a octubre 2026, 424 violaciones físicas, acoso sexual, y siete transfemicidios en 21 departamentos. Existe un 97% de cifra oculta provocada por el sesgo institucional y la desconfianza en el sistema de justicia.

En cuanto a las Defensoras UDFEGUA, en el informe de situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos 2025, evidenció que los riesgos para personas que defienden derechos aumentó, registrando 5,238 agresiones contra personas defensoras (un incremento del 26.7% en comparación con periodos anteriores), de las cuales 1,605 afectaron directamente a mujeres defensoras. El 96% de estos ataques se originó en cibercampañas masivas de estigmatización y hostigamiento en plataformas digitales.

Frente a este escenario las organizaciones de mujeres, mujeres indígenas y feministas, redes, coordinaciones, alianzas y defensoras de derechos humanos.

AL MINISTERIO PÚBLICO

1.Realizar investigaciones científicas apegadas a derecho que garanticen la tipificación debida de los delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio.

2.Iniciar persecución penal de oficio en todos casos de niñas menores de 14 años embarazadas, coordinando de manera efectiva con todas las instituciones responsables.

3.Cesar el archivo masivo y la desestimación discrecional de causas penales como métrica de eficiencia fiscal.

4.La incorporación y participación inmediata del Ministerio Público en la CONAPREVI, para coordinar la aplicación correcta de los marcos legales nacionales e internacionales para las mujeres y niñas, a vivir una vida libre de violencia.

5.Investigar y sancionar las agresiones y muertes violentas contra mujeres trans.

AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL:

1.Garantizar condiciones de seguridad e igualdad para la participación política de las mujeres de cara al proceso electoral de 2027, así como la apertura transparente de los partidos políticos, para la asignación equitativa de recursos de formación y financiamiento de campañas para las candidatas mujeres.

2.Garantizar los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, como derecho a optar empleos o cargos públicos, según el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala en todos los cargos de elección popular.

3.Reconocer para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres y mujeres indígenas, como uno de los principales obstáculos para ejercer el derecho de participar y ser electa en cargos de elección popular.

AL ORGANISMO JUDICIAL:

1.Garantizar que, en la aplicación de la ley de aceptación de cargos, las mujeres tomen la decisión plenamente informada y que tengan una verdadera reparación y resarcimiento digno.

2.Qué tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres, cumplan con la aplicación de los estándares nacionales e internacionales en materia de atención, prevención, sanción y reparación digna en procesos de violencia contra las mujeres.

EXIGIMOS AL ORGANISMO LEGISLATIVO:

1.Aprobar las Iniciativa 5197 para elevar a la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) a una Secretaría de Estado.

2.Emitir una Ley Orgánica para fortalecer a la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI) y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI).

3.Tipificar la violencia contra las mujeres en el ámbito digital, la violencia obstétrica y la violencia política.

4.Aprobar reformas a la Ley Electoral de Partidos Políticos para garantizar la participación plena y equitativa de las mujeres y mujeres indígenas, en cargos de elección popular.

5.Garantizar la asignación 2027 en el Presupuesto General de ingresos y egresos de Estado, para los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), administrados por organizaciones especializadas en violencia contra las mujeres; impulsados y creadas por CONAPREVI (según artículo 16 de la Ley contra el femicidio)

6.Ratificación del Convenio 189 de la OIT para los derechos de las trabajadoras del hogar.

7.Aprobación de ley para el Desarrollo Económico Integral de las Mujeres.

8.Creación de un Sistema Nacional de Cuidados

AL ORGANISMO EJECUTIVO:

1.Fortalecer técnica y financieramente a la CONAPREVI, dotándola de infraestructura y personal técnico permanente.

2.Fortalecer el mandato de CONAPREVI, a través del Acuerdo Gubernativo, para garantizar su funcionamiento, el cumplimiento de su mandato y control de convencionalidad, como ente rector en políticas de prevención y atención.

3.Garantizar la suscripción oportuna de convenios y las transferencias fluidas en el primer bimestre de 2027 para los CAIMUS del país.

4.Exigimos al Ejecutivo que la asignación presupuestaria 2027 para el avance de las mujeres se implemente y ejecute, garantizando el acceso de recursos y servicios dignos que hagan real el bienestar de las mujeres y la utilización del clasificador presupuestario de género, que dé cuenta de la asignación presupuestaria del sector publico en la inversión para las mujeres.

5.Ejecutar efectivamente la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (2025-2035) con presupuesto y protocolos de protección diferenciada.

Las organizaciones de mujeres, mujeres indígenas y feministas, y defensoras de derechos humanos; reafirmamos el compromiso inquebrantable en la lucha contra la impunidad y la defensa de la vida; y exigimos una respuesta inmediata y transparente de las autoridades estatales.

¡Por la vida, la dignidad, la justicia y la erradicación de la violencia contra todas las mujeres, mujeres indígenas, adolescentes y niñas en Guatemala!

¡No más impunidad!

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