Representa más de Q115 millones de pérdidas en ventas cada año
La penetración de este delito en el país es alta y el costo para recuperar la participación del mercado con acciones comerciales es oneroso. Solo en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, una de cada cinco ferreterías vende cemento de contrabando.
El contrabando de cemento ha operado en las fronteras durante muchos años, pero fue en 2014 cuando se incrementó este delito debido a la devaluación continua del peso mexicano, lo cual influyó en el bajo costo del producto y comenzó a generar ganancias atractivas para los contrabandistas, transportistas y ferreteros.
Este delito ha impactado fuertemente al sector ya que, en los últimos cinco años, se han reportado aproximadamente 70 mil toneladas de cemento que ingresaron de forma ilegal y que equivalen a 1 millón 650 mil sacos de 42.5 kilogramos. Esto representa cerca de Q14 millones de IVA no pagado y otros Q15 millones entre impuestos de arancel y el impuesto único del cemento que se paga, sin contar los efectos secundarios que ocasiona la red de distribución.
Los departamentos que más presentan este delito en el país son Huehuetenango, Petén, San Marcos, Quiché, Jutiapa, Chiquimula e Izabal, en ese orden de importancia. Solo en Huehuetenango existen más de 100 puntos ciegos por los que pasa la mercancía de contrabando.
La red de contrabandistas que opera en el sector de cemento opera a través de todos los pasos ciegos de las fronteras, principalmente en la frontera con México y con menor incidencia en la frontera de El Salvador y Honduras.
“Lo más preocupante de este delito es la impunidad con que se lleva a cabo y lo complicado que es para los productores legales competir de manera desleal en el sector. La inseguridad a lo largo de la frontera es muy fuerte, tomando en cuenta que quienes realizan estas acciones son personas totalmente conscientes de lo que hacen”, explica Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de Cámara de Industria (CODECOF).
El contrabando de cemento en la franja fronteriza del país equivale a Q115.4 millones al año en pérdidas de ventas para la industria nacional y, sobre la base de impuestos directos que se pagan por cada saco de cemento, cada año se dejan de tributar un promedio de Q27.6 millones.
Otro tema importante es el riesgo que implica para la infraestructura del país utilizar materiales de mala calidad o vencidos, ya que se tiene una alta probabilidad de generar incidentes que pueden afectar a los guatemaltecos.
“El sector de cemento en Guatemala trabaja arduamente para contrarrestar este delito, creando conciencia en los compradores sobre la procedencia ilícita del cemento que ingresa por los puntos ciegos y generando mensajes positivos sobre el consumo correcto de los productos legales, además de hacer promociones para competir con el mercado desleal y poniendo a disposición de los clientes el cemento de buena calidad”, agrega Romero.
El trabajo de CODECOF es apoyar a los sectores más afectados por el contrabando y generar espacios con los organismos y dependencias del Estado, gobiernos locales y líderes comunitarios, para unir esfuerzos y lograr la oportuna identificación de casos que permitan actuar con prontitud y certeza jurídica.
De acuerdo con los productores nacionales de cemento, para contrarrestar este delito se necesita que las autoridades utilicen controles más estrictos en las fronteras, así como la identificación de las redes que trasiegan y comercializan el producto de contrabando para tomar las acciones legales que correspondan en cada caso.
